Lejos de constituir una gracia particular o un privilegio otorgado a nuestras sociedades occidentales por algún decreto divino, el “milagro” fundado en el ethos de confianza no excluye a ningún grupo humano. Tal como el desarrollo no es natural, tampoco es una fatalidad la miseria. Aun así, es preciso convencerse y no darse anticipadamente por vencido.

Alain Peyrefitte

La escasez de fuentes de trabajo e infraestructura de servicios básicos en las comunidades rurales y zonas populares urbanas ha sido siempre un problema recurrente para la población que vive cotidianamente esas carencias y para los gobernantes que se enteran del asunto después del estallido de protestas sociales. La falta de empleos y prestación de servicios de consumo colectivo fue de algún modo enfrentada por las personas que sufren las necesidades y algunas veces por las autoridades públicas. Sin embargo, a pesar que las provincias y los barrios pobres no recibieron el apoyo oportuno de las instituciones públicas, los comunarios y vecinos han afrontado los problemas con mucho coraje y estoicismo, sólo así se puede entender el hecho de que en esos sectores sociales -azotados por la pobreza lacerante- no haya muerto casi nadie por inanición. El campesino altiplánico y el vecino de un barrio marginal de la ciudad pueden seguir sobreviviendo con escasos recursos económicos, y todavía pueden tener algún excedente económico para “invertir” en las movilizaciones de protesta social, como las marchas y bloqueos de caminos que se efectúan por semanas y a veces por meses, sin mucha impaciencia, y si salen bien parados de la movilización, terminan fundando organizaciones políticas, y cuando fracasan, asumen las consecuencias con humildad y sin muchos sobresaltos. No obstante, a pesar de esa muestra de valor y lucha contra la pobreza y la exclusión social y política, en los barrios marginales y las comunidades rurales en particular, el tiempo del desarrollo económico y social parece haberse detenido, si es que no ha retrocedido, porque los años y las generaciones pasan sin haber ocasionado cambios notables en las condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos. Recién, con la implantación de la Ley de Participación Popular 1, las provincias y cantones han empezado a cambiar su fisonomía con la construcción de una variedad de obras públicas. Mientras que en los barrios populares urbanos, los efectos de dicha ley no fueron muy notorios, aunque la alcaldía sigue haciendo algunas obras respondiendo a los reclamos de las juntas vecinales y en procura de tener el apoyo electoral en las próximas elecciones municipales.

Con todo, tanto en las provincias como en los barrios marginales de la ciudad de El Alto y también de La Paz, los comunarios y vecinos tienen alguna actividad económica y en cierta medida acceden a los servicios básicos. La cuestión es: cómo resuelven esos problemas de insuficiencia de recursos económicos y de servicios básicos sin llegar a muchos sobresaltos, desde la vida cotidiana. En esta perspectiva, se sostiene que determinadas formas de tejido social que se han configurado en las poblaciones rurales y los barrios populares urbanos, permitieron enfrentar con cierto éxito los problemas de la carencia de fuentes de trabajo y de infraestructura de servicios básicos, pero no valen lo mismo, para la fundación y expansión de empresas productivas o de prestación de servicios, en términos de concentración de esfuerzos individuales y de los escasos recursos económicos. Pueden realizar exitosamente algunas actividades de manera conjunta, pero no otras, sobre todo aquellas relacionadas con la generación de recursos económicos en una escala ampliada, pues hay una tendencia sociocultural hacia la atomización de unidades productivas, pocos están dispuestos a trabajar como “propietarios parciales”, como socios, en una empresa más o menos exitosa, sólo se busca al prójimo (hermano, compadre, amigo o vecino) cuando están en una situación de penuria, o es su caso para concretar obras públicas que no generan ganancias económicas para los participantes, como la construcción de un muro de contención, un centro educativo o una iglesia. Asimismo, los comunarios y vecinos muestran una disponibilidad casi espontánea para engrosar las movilizaciones de protesta social y peor cuando esto tiende a desembocar en acción violenta.

Este trabajo corresponde a los avances indagatorios del proyecto de investigación El desarrollo pensado desde los municipios: capital social y despliegue de potencialidades locales, el mismo que forma parte del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB). Entonces, las proposiciones y aseveraciones descriptivas o conceptuales que se hacen, se basan fundamentalmente en las notas de observación que se hizo durante el trabajo de campo (octubre y noviembre de 2002), toda vez que las entrevistas -que son una fuente principal de recopilación de información para el mencionado estudio- están siendo todavía procesadas y analizadas. Así, una vez que se haya terminado con el análisis de los datos y la interpretación de los mismos, se tendrán más o menos definidas las ideas centrales del estudio, que formarán parte del informe final de la investigación acerca del capital social y su repercusión sobre las posibilidades de creación de fuentes de trabajo y bienes públicos. En cualquier caso, el presente trabajo aborda sólo algunos aspectos de la relación entre el capital social y el desarrollo socioeconómico, a partir de tres estudios de caso: dos municipios provinciales (Patacamaya y Pucarani) y una zona popular urbana de la ciudad de El Alto (16 de Julio).

1 La Ley de Participación Popular se implantó en Bolivia, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), en abril de 1994, determinando el traspaso del 20% de los ingresos nacionales a las secciones municipales y la responsabilidad de administrar y mejorar los servicios de salud, educación, deporte, caminos vecinales y micro-riego. Esto hizo que los gobiernos municipales encaren los problemas vinculados a esos aspectos a nivel local: el municipio.