martes 2 de agosto de 2016
Conversatorio analiza los problemas del sistema penitenciario en el país
Conversatorios • 2-08-2016

Las autoridades del gobierno y del sistema judicial, así como académicos invitados, analizaron la situación del sistema penitenciario en el país, en el tercer conversatorio preparado para identificar las principales problemáticas del sistema de justicia y formular propuestas para el diseño de un nuevo modelo.

El conversatorio se realizó el miércoles 7 de octubre en el marco del Programa de Investigación, Formación y Difusión que es parte de las iniciativas propiciadas por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia, para generar un proceso de reforma de la justicia en Bolivia. El Programa, apoyado por la Embajada Real de Dinamarca, está desarrollado por el Ministerio de la Presidencia, a través de su Unidad de Apoyo para la Gestión de Políticas Públicas, el Ministerio de Justicia y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).

Los participantes coincidieron en que el régimen penitenciario está íntimamente vinculado a la dinámica del sistema de justicia (juzgados, Ministerio Público y Policía Nacional), así como a las políticas públicas relativas a la seguridad ciudadana. Este año el número de detenidos preventivos (sin sentencia) en las cárceles se redujo de 84% a un 72% (de un total de 13.468 personas) debido a medidas como la ley del indulto.

Para analizar el régimen penitenciario, caracterizado como violatorio de los derechos humanos de las personas con o sin sentencia, se pusieron en mesa distintos factores: la falta de presupuesto para funcionar, una excesiva carga procesal para los administradores de justicia, la falta de personal de apoyo en el sistema judicial, la ausencia de programas de reinserción social, una cultura jurídica de la sociedad que busca el castigo anticipado, la carencia de personal especializado, la pésima infraestructura para los privados de libertad, la desproporcionalidad entre las penas para delitos contra el Estado y delitos contra las personas, entre otros.

Los asistentes coincidieron también en la preeminencia de dos factores: la ausencia de información relativa al sistema penal para tomar decisiones y la falta de un horizonte estratégico en ese sistema penal. La falta de información repercute en una dificultad de planificar, tomar decisiones e identificar con precisión los problemas del sistema judicial y del régimen penitenciario, coinciden los participantes.

Por otro lado, una carencia de una definición estratégica del sistema penal, visto desde un escenario estructural, ha llevado a generar leyes (fuera del Código Penal) que continúan creando delitos, junto con medidas aisladas (como la ley del indulto) para paliar los problemas generados dentro del régimen penitenciario. Así, tampoco se prioriza la persecución de los delitos complejos o los comunes, que son tratados con los mismos recursos, personal y dificultades propias del sistema.

En todo caso, la disyuntiva está en desarrollar un sistema penitenciario y judicial garantista de los derechos humanos de las personas, o un sistema conservador.

Fuente: Periódico Digital PIEB


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