En las últimas dos décadas se han producido cambios económicos de gran importancia en el país; por un lado se ha modificado el eje de desarrollo regional, pues el poder económico se ha desplazado hacia Santa Cruz, en tanto que existe un marcado debilitamiento del occidente, en específico de La Paz, Oruro y Potosí. Por otra parte, como consecuencia del proceso de reformas económicas y políticas, asociadas al proceso de globalización y al ajuste estructural aplicado en Bolivia, se ha alterado la estructura económica y se han modificado los núcleos de poder económico. Hoy, nuevos grupos económicos, nacionales y extranjeros, o la articulación de ambos, se constituyen en nuevos sectores de clase con intereses económicos específicos que influyen en las transformaciones políticas. El poder económico, la estructura de poder, se han alterado de manera innegable en el nivel nacional y regional, aunque en el país todavía no se transparenta cuáles son sus actores, sus intereses económicos y sus intereses concretos en términos de reforma política e institucional, incluido el tema del proceso autonómico.

Por otra parte, estas dos décadas de aplicación de modelos de ajuste estructural -en muchos casos marcados por el exceso de ortodoxia- y de desarrollo de democracias electorales han generado un alto grado de insatisfacción en la población de América Latina que en varios países se manifiesta como rebeliones sociales contra la inequidad y contra las exclusiones políticas, sociales y económicas. Consecuentemente, en varias naciones, incluida Bolivia, han surgido movimientos de descontento contra las reformas estatales y económicas aplicadas, que conducen a la formulación de distintas hipótesis sociales sobre cómo afrontar los problemas, en términos de nuevas reformas estatales y económicas. A su vez, el proceso de globalización se intensifica. Aunque el poder económico y político de Estados Unidos es incontrastable, el desarrollo de China y de India muestran que en el futuro también serán potencias con fuerte influjo internacional. Por de pronto, el repunte económico de varios países de América Latina, incluido el incremento de las exportaciones bolivianas, tiene que ver con la dinámica económica China que ha impulsado un aumento notorio de los precios de las materias primas. Ese país trata de tener como aliados a las naciones de Sudamérica, en especial a Brasil, y a través de esa alianza trata de articular Atlántico y Pacífico.. Además queda claro que en América Latina, Brasil es la única economía con capacidad de participar con cierto protagonismo en el proceso de globalización y, como es sabido, esa nación está no solo conectada por una gran frontera geográfica con Bolivia sino por un gran flujo económico que en el futuro podría incrementarse en beneficio de los dos países. Asimismo, y a diferencia del pasado, la conexión económica de Bolivia en el presente y en el futuro indica que será cada vez más creciente la importancia de nuestro relacionamiento con los países vecinos y no tanto con las economías de los países centrales, para lo cual importa mucho el sentido de las reformas que aplique nuestro país de aquí en adelante.

Es en ese contexto que es preciso ubicar la apasionada discusión boliviana acerca de las autonomías departamentales, la unidad nacional y la necesidad paradójica del fortalecimiento del Estado. Esa que es hasta ahora una discusión política, con sesgos de intereses económicos, de clase y regionales de todos lados, requiere una reflexión que parta de la investigación, que haga posible articular autonomías departamentales, unidad nacional y fortalecimiento del Estado para asumir esos retos de futuro. La crisis del modelo económico y del modelo estatal es evidente, de manera que la reflexión se coloca en un espacio donde, más allá de la discusión teórica, el proceso de reforma estatal y económica ya se ha iniciado, prueba de ello son las venideras elecciones de prefectos, las modificaciones operadas en el Ley de Hidrocarburos que habla por sí sola del ingreso a una nueva época en la cual es imposible eludir al Estado como un elemento básico del desarrollo económico, y la presencia de nuevos actores políticos en la arena electoral, que participan de una fase de democratización de la política.

En otro orden de consideraciones, en los últimos años, diversos movimientos sociales de base territorial, tanto en el oriente como en el occidente del país, han cuestionado las pautas políticas, administrativas, territoriales y simbólicas del Estado-nación. Este proceso está estrechamente vinculado con una profunda y compleja crisis económica, política y social que, lejos de ser coyuntural y episódica, remite a distintas temporalidades históricas que parecen haberse combinado de manera conflictiva en el presente.

En primer lugar, la crisis está vinculada al agotamiento de la democracia pactada como modelo de gobernabilidad y de los patrones de representación política vigentes en los últimos veinte años, así como al agotamiento de un modelo económico que fue implementado y administrado por los gobiernos que se sucedieron en el denominado ciclo neoliberal (1985-2003), bajo el paraguas del Consenso de Washington. Un segundo referente es la crisis del proyecto del Estado-nación construido desde 1952 que reforzó el centralismo estatal y desplegó una política cultural de corte asimilacionista cuyas consecuencias fueron la subordinación de las regiones y que se expresa en las demandas de descentralización (bajo el discurso de las autonomías departamentales) y en las reivindicaciones de inclusión política y social de indígenas, desde una perspectiva multiculturalista (esgrimida por el movimiento campesino e indígena). Es ese mismo modelo estatal el que condujo a la invisibilización de los pueblos indígenas, que fueron reducidos a la categoría de campesinos, lo que ahondó la exclusión de la que ya eran víctimas, proceso que sufre un quiebre con el inicio del desmontaje del Estado nacionalista de 1952 y de su paradigma de homogenización cultural, y con el desarrollo de una democracia representativa que es el clima político propicio para la visibilización de los temas étnicos, culturales e identitarios que, pasado el tiempo, tienen su expresión en las propuestas de autonomía indígenas.

Todo esto nos remite a la constatación de que el Estado boliviano, sus elites políticas, económicas y culturales, sus clases y sectores dominantes, no lograron construir plenamente la nación ni consiguieron estructurar una "comunidad imaginada", sea en su variante liberal, nacionalista o neoliberal y, en consecuencia, hoy no representa ni expresa cabalmente la diversidad social, cultural y territorial del país. El centralismo político y económico no tuvo una visión de país integrado territorialmente, ni de Nación con sus múltiples componentes étnico culturales, ni de sociedad con sus expresiones de clase y sectores de clase. Asimismo, tampoco emergió de las regiones una hipótesis integral de nación que represente a todo el país.

Sin embargo, la crisis del Estado-nación no solamente es un proceso de desagregación sino que se han abierto posibilidades de su resolución como resultado de la emergencia de nuevas condiciones provocadas por los cambios en el proceso político y social que se asocian con la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos, la demanda por su nacionalización y la redefinición del rol del Estado. Esos hechos marcan un quiebre en la política económica que privilegió la inversión privada en la producción y usufructo del excedente económico. Por otro lado, algunas reformas institucionales, como la participación popular, abren cauces importantes de participación social en especial en el ámbito local y, además, la reforma constitucional de febrero de 2004 viabiliza la incorporación de mecanismos democrático-participativos en el diseño y funcionamiento del sistema político: la consulta popular mediante el referéndum, la asamblea constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y la apertura de la intermediación y representación política a través de la participación de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en los procesos electorales. Las demandas de autonomía departamental de movimientos sociales de raigambre cívico-regional y las reivindicaciones de autonomía territorial del movimiento campesino-indígena expresan, desde otra perspectiva, la modificación sustantiva de la legitimidad del Estado y apuntan a modificar las relaciones entre las regiones y el Estado y entre el Estado y los pueblos indígenas. Y con ello, las pautas de pertenencia a la comunidad nacional.

Esta realidad exige repensar el proyecto de país, que induzca a la unidad nacional y fortalezca el Estado, pero que posea las claves de la solidaridad y de la equidad regional, del pluralismo social, político, regional y cultural a partir del diagnóstico de la crisis de Estado-nación, punto de inicio del desarrollo de reflexiones e investigaciones presentes y futuras sobre diversos tópicos vinculados a las relaciones entre región, nación, Estado y democracia.

En ese marco, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), desea contribuir al debate y la reflexión sobre "Autonomías departamentales y fortalecimiento del Estado nacional" y proponer al mismo tiempo escenarios que conduzcan a una mayor integración y solidaridad nacional, reflexionando sobre un Estado que impulse la distribución de la riqueza, la equidad social y regional.

Con tal propósito, el PIEB lanza la presente Convocatoria nacional a concurso de proyectos de investigación que estudien, de manera interdisciplinaria, estos temas. Esta Convocatoria estará dirigida a Equipos de investigadores de todo el país conformados por profesionales del área de las ciencias sociales y otras conexas.